Religión, política y arqueología: ¿quién defende el interés general?

Reproduzco esta noticia que me ha llegado a través de la Lista de Prehistoria, porque considero que es bastante interesante y se presta al debate.

Necrópolis medieval judía de Roquetes (Tàrrega, Lleida)

Desde el mes de febrero se está llevando a cabo el proyecto de intervención arqueológica en la necrópolis medieval judía de Roquetes (Tàrrega, Lleida), con la implicación de las instituciones municipal y autonómica que apoyan y sufragan económicamente la actuación. La intervención está motivada por la inminente urbanización de las parcelas afectadas.

El proyecto de intervención, que cuenta con la participación conjunta de arqueólogos y antropólogos, comporta, más allá de la simple exhumación, el estudio exhaustivo de los restos humanos, con lo que se caracterizaría la población antigua de la villa de Tàrrega. El análisis antropológico de estos restos permitiría entrever una imagen de la vida y la muerte de unos targarinos de hace setecientos años: su dieta, las causa de mortalidad y enfermedades, esperanza de vida...

Ciertos elementos hacen de la necrópolis de Roquetes un yacimiento singular y excepcional, no sólo en las tierras de Lleida sino en el contexto de Catalunya: el elevado número de tumbas, la presencia de fosas comunes, la calidad del conjunto de restos... y la aplicación de los métodos que conllevan la arqueología actual. Este proyecto se enmarca en la línea de trabajo iniciada en Tàrrega hace un par de años en las excavaciones del convento de los Agustinos, dónde fueron excavados unos 140 enterramientos, el estudio de los cuales se encuentra en un estadio avanzado.

Sin embargo, este proyecto será gravemente mutilado por la decisión, más política que técnica, tomada por parte de la administración competente. La Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya ha cedido a las presiones y las exigencias de una comunidad que, aduciendo unas determinadas creencias religiosas, ha exigido el retorno inmediato de los restos humanos sin que se permita finalizar la investigación antropológica.

Como arqueólogos, nos quedamos perplejos en ver lo que sucederá con los restos humanos aparecidos en la necrópolis targarina. Con esta decisión, la Generalitat de Catalunya ha salido en defensa del interés de un determinado colectivo anteponiéndolo al interés público y general de la sociedad catalana y en detrimento del avance del conocimiento y la investigación de su pasado histórico. Pero, además, esta decisión deja la puerta abierta a que cualquier otro interés particular prevalga sobre el derecho que tiene la sociedad a conocer, valorar, conservar y disfrutar de su patrimonio cultural.

Es encomiable que la administración pública sea sensible con las diversas minorías que conforman nuestra sociedad. A pesar de todo, el estado de derecho no permite hacerlo a costa de nuestro ordenamiento jurídico. La Llei del Patrimoni Cultural Català establece como objetivos la protección, la conservación, el acrecimiento, la investigación, la difusión i el fomento del patrimonio. Creemos fermamente que la resolución tomada por la Generalitat de Catalunya vulnera el cumplimiento de estos objetivos.

Oscar Escala, Andreu Moya, Gemma Piqué, Jordi Ruiz, Enric Tartera, Ares Vidal, Vàngelis Villar y Anna Colet - arqueógogos, antropólogos y restauradores-conservadores de bienes culturales

Si no se puede excavar una necrópolis, por ser "judia", entonces ¿por qué se puede intervenir en el resto de los enterramientos sea cuales sean los pensamientos religiosos de los allí enterrados? ¿es que acaso los que se enterraron de una u otra forma no decidieron que así querían permanecer?

Si nos ponemos rígidos, tenemos que ser así, para todo, sobre todo  si es realmente cierto que se cedió ante la presión de esta comunidad religiosa o ¿fue ante la expansión urbanística? (que se dejen de cuentos, lo que quería es terminar cuanto antes y la conservación y recuperación arqueológica lleva su tiempo) Leed arriba:  

"La intervención está motivada por la inminente urbanización de las parcelas afectadas."